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06/08 | ANÁLISIS EXCLUSIVO

Ilegal o inmoral

Asesinos beneficiados con salidas especiales en el marco de una estructura político-cultural. Las salidas fueron legales, pero son evitables, innecesarias. La intromisión de la política en las cárceles, claramente a la vista. Irritable al extremo.

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Mauro Szeta, especial para Infoeme

La noticia estalló y despertó polémica. Homicidas con salidas especiales de los penales para participar de murgas con neto corte político. La noticia sumó un elemento más polémico aún: videos donde se ve al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, bailando en las murgas junto a los asesinos.

Los presos fueron beneficiados en el marco de una estructura político-cultural kirchnerista bautizada “Vatayón Militanteâ€. El argumento esgrimido oficialmente para defender este plan es que los presos merecen la posibilidad de reinserción social y que en ese marco obtuvieron autorizaciones judiciales para participar de estas murgas con control penitenciario.

Es cierto que las salidas fueron autorizadas por jueces. Es cierto que para autorizar estas salidas, los jueces ni siquiera necesitaron aplicar la ley 24.660 de ejecución penal, sino que les bastó con autorizaciones especiales que se otorgan más a menudo de lo que se cree, pero también es cierto es que estas salidas irritan en extremo a los familiares de las víctimas de cada delito cometido por los delincuentes que salieron.

Las libertades que se aplicaron fueron legales, pero suenan exageradas, evitables, inmorales.

La pregunta es si estas salidas esconden algo. Suena descabellado pensar que puertas adentro de los penales se adoctrina a los presos en materia política, y que los que siguen la línea K reciben beneficios. Para esto, tendría que darse una combinación entre los jueces que autorizan las salidas, el Servicio Penitenciario Federal y los presos. Algo así como jueces K, “entongados con el Servicio†para crear un ejército de militantes intramuros. De ser así, qué propósito escondería semejante maniobra.

Más allá de meras especulaciones imposibles de probar, lo cierto es que Eduardo Vázquez, el asesino de Wanda Tadei, condenado a 18 años de cárcel, salió de la cárcel para tocar la pandereta en una murga; también es cierto que Pablo Díaz, el asesino y violador de Soledad Bargna, bailó al ritmo de la tumbadora del penitenciario Hortel; también es real que uno de los asesinos de Gonzalo Acro salió de la cárcel para ir a una peña K.

Las salidas fueron legales, pero claramente evitables, innecesarias, más teniendo en cuenta, el poco tiempo que llevan en la cárcel estos personajes. Ahí está, claramente a la vista, la intromisión de la política en las cárceles, algo que siempre pasó, ahora, claramente expuesta, casi de forma desfachatada, burda, temeraria. Legal, pero irritable al extremo.



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Columna de Opinion / Mauro Szeta
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